El 1 de septiembre de 2023 concluyó la edición 44 del Congreso Colombiano de Derecho Procesal. A partir de los múltiples debates presentados por los ponentes, presento algunas reflexiones sobre los desafíos y oportunidades trasladados al campo de la propiedad intelectual.
1. Uso de la Inteligencia Artificial (IA) en procesos judiciales. Emplear herramientas basadas en IA ofrece beneficios en términos de eficiencia y eficacia para el análisis, gestión y concreción de grandes volúmenes de información en procesos judiciales. No obstante, se exige a las partes y los operadores de justicia la supervisión de estas herramientas para confirmar la veracidad de la información y prevenir, entre otros, el traslado de sesgos a los sistemas de IA. Estos avances mejorarán la resolución de conflictos sobre propiedad intelectual en procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria, al permitir la mejor gestión del material probatorio aportado por las partes, sobre todo en casos que involucran documentos extensos (ej. Facturas, material publicitario, etc.), cuya sistematización suele ser laboriosa y prolongada.
2. Práctica de pruebas en procedimientos administrativos. Uno de los problemas de los procedimientos administrativos sobre propiedad intelectual, como el registro de marcas u obras artísticas y literarias, es la renuencia de las autoridades administrativas para practicar pruebas, basando usualmente sus decisiones en pruebas documentales. A partir del Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022, se permitió aportar y practicar pruebas a través de canales digitales, en los procesos judiciales; si las autoridades administrativas retoman el caso exitoso de los procesos judiciales al implementar la práctica de pruebas mediante canales digitales, podrían reducir los desafíos tecnológicos y de eficiencia que genera la práctica de pruebas, asegurando además que sus decisiones cumplan con el principio de la libertad probatoria.
3. Uso de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (Masc). Métodos como la conciliación, la amigable composición o el arbitraje son efectivos para contribuir a la descongestión judicial, especialmente en asuntos de propiedad intelectual, debido a que permiten acudir ante expertos en la materia, quienes suelen decidir en un menor tiempo al de los jueces de las diferentes jurisdicciones y especialidades. En todo caso, las partes deberán evaluar cuál mecanismo se ajusta mejor al caso concreto, asumiendo los retos de las transformaciones normativas y jurisprudenciales que cada uno ha sufrido en los últimos años.
4. Procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales y arbitrales. Desde 1991, el desarrollo jurisprudencial ha permitido excepcionalmente la revisión de sentencias y laudos por parte de los jueces. Si bien la procedencia de la tutela está delimitada por la jurisprudencia, a mayor independencia de las partes al pactar la forma de resolver sus conflictos, como suele hacerse al pactar arbitraje comercial internacional en contratos de franquicia o producción audiovisual, la intervención de los jueces nacionales será más limitada (i.e. en principio, mediante los recursos de ley, únicamente).
Estas reflexiones permiten concluir que el derecho procesal es el motor de soluciones jurídicas que impulsan la creatividad, innovación y una aplicación más eficaz y eficiente de la normativa de propiedad intelectual, permitiendo a los titulares el ejercicio material de sus derechos.
Cristian Sarmiento, Asociado Cavelier Abogados
Fuente: Asuntos Legales de La República