Regulación en materia de pago a plazos justos en operaciones mercantiles

PUBLICACION - MEDELLÍN -> 2020-08-06

La Ley 2024 de 2020 estableció la obligación de pago en plazos justos, con el fin de proteger a las personas naturales y jurídicas frente a condiciones contractuales gravosas en procedimientos, plazos de pago, y facturación de sus operaciones comerciales.




En Colombia, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 80% del empleo del país, y el 90% del sector productivo nacional; de tal suerte, gran parte de la economía está relacionada con ellas. Se trata de emprendimientos, negocios familiares y compañías cuya competitividad puede afectarse por varios factores , como por ejemplo, el pago de las facturas de sus clientes. Se trata de una situación que afecta el flujo de caja y que, de forma adicional, impide que se tenga una inversión adecuada en investigación e innovación restándole competitividad al aparato productivo nacional.

En respuesta a esta problemática, la Ley 2024 de 2020 estableció la obligación de pago en plazos justos, con el fin de proteger a las personas naturales y jurídicas frente a condiciones contractuales gravosas en los procedimientos, plazos de pago, y facturación de sus operaciones comerciales.

   

En tal sentido, a partir del 1º de enero de 2021, la obligación de efectuar el pago de las obligaciones contractuales será de la siguiente manera:

  • Para el primer año de vigencia de la norma, es decir, del 1º de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, deberán realizarse los pagos en un término máximo de sesenta (60) días calendario.
  • Desde el segundo año de vigencia, esto es, del 1º de enero de 2022 en adelante, deberán realizarse los pagos en un término máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario improrrogables.
  • Para el inicio del tercer año, en las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el plazo máximo y definitivo de pagos será de sesenta (60) días calendario.

Estos términos se calcularán a partir de la fecha de recepción de las mercancías o terminación de la prestación de los servicios, y los pagos deben ser originados como contraprestación en los actos mercantiles realizados por comerciantes o por personas que ejerzan operaciones mercantiles sin tener la calidad de comerciante, así como por contratistas principales, sus proveedores y subcontratistas. Se encuentran excluidos de esta regulación, los pagos de operaciones comerciales con consumidores, los intereses relacionados con cheques, pagarés y letras de cambio, así como las deudas sometidas a procesos de reorganización empresarial.

Respecto a los plazos en los contratos estatales que sean celebrados con una micro, pequeña o mediana empresa, estos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario siguientes a la aceptación de la factura. El cómputo de plazos se sujetará a la disponibilidad del Plan Anualizado de Caja (PAC), el cual es utilizado por las entidades publicas y consagra los ingresos que se esperan recaudar y su destinación especifica, mensualmente.

Lo establecido en esta Ley es de obligatorio cumplimiento y no puede ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes, por lo que la fijación de cláusulas que desconozcan el plazo establecido, no tendrá ningún efecto. Así mismo los actos o acuerdos que tiendan a evadir la aplicación de estas disposiciones, podrán ser objeto de las acciones judiciales o sanciones administrativas.

Los procedimientos y políticas de facturación y pago deberán ajustarse a las siguientes disposiciones:
  1. En los contratos en que se requiera aceptación o comprobación para verificar la conformidad de los bienes entregados o los servicios prestados, el pago deberá efectuarse dentro del plazo mencionado previamente.
  2. Para los procedimientos de verificación de facturas físicas o electrónicas y documentos de soporte, el contratante deberá ajustar sus procedimientos para dar cumplimiento al plazo de pago justo. Si la factura no ha sido rechazada en los términos vigentes, se entenderá que esta ha sido aceptada.
  3. Se interrumpirá el plazo para dicho pago si el contratante requiere del contratista alguna corrección de la factura, y este se continuará calculando a partir del día siguiente en que el contratista realice los ajustes.
  4. Si dentro de los procedimientos de solicitud el contratista requiere algún documento por parte del contratante, será responsabilidad del contratante emitir dichos documentos de manera oportuna, y en ningún caso se extenderá el plazo por demora.

El acreedor podrá reclamar al deudor una indemnización por todos los costos de cobro debidamente acreditados en los que haya incurrido a causa de la mora del contratante, sin embargo, si el deudor que no pudo realizar el pago dentro del plazo máximo de pago por encontrarse en un caso fortuito o fuerza mayor no será obligado a pagar la indemnización.

El Gobierno Nacional beneficiará con la creación de un sello a las empresas que en su práctica comercial atiendan el pago de sus facturas a proveedores, en plazos menores o iguales a cuarenta y cinco (45) días calendario. Para esto, el gobierno deberá elaborar y publicar anualmente un listado de las empresas y los tiempos en que cumplen con sus pagos otorgando dicho reconocimiento, además tendrá plazo de un (1) año después de la entrada en vigor de esta ley.

Por Laura Salazar, Abogada Asociada de la oficina de Medellín
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