LIBRE COMPETENCIA: MÁS QUE SÓLO CARTELES
A propósito de la creciente exposición mediática causada por los llamados carteles durante los últimos años, se hace necesario preguntarse, por qué el Estado y más puntualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio, persigue con tanto ahínco esta conducta; pues bien, la respuesta parecería obvia, y para este momento todo el mundo concordaría en que es porque estas conductas generan aumento en los precios.
Sin embargo, este no es el motivo, sino el efecto de un acuerdo anticompetitivo o cartel, la verdadera razón es que por este mecanismo se condensa la oferta en pocos actores del mercado; esto dificulta que entren nuevos competidores y genera que los cartelistas puedan comportarse a sus anchas, sin preocuparse por sus competidores, pues estos se encuentran en la práctica anulados.
Ahora, lo que muchos no saben, es que este bloqueo a la entrada de nuevos participantes también suele lograrse por otros mecanismos diferentes a los acuerdos o carteles; tal es el caso de los abusos de la posición dominante, que resultan igualmente perjudiciales que los acuerdos anticompetitivos.
El abuso de la posición de dominio requiere, como su nombre lo indica, de una posición de preeminencia en el mercado, es decir, un poder dentro del mismo, que permita a una empresa dictar las condiciones en que se comporta dicho mercado; y aunque usualmente no es deseable que una empresa tenga tanto poder en el mercado, la ley no castiga el simple hecho de tener posición de dominio, sino que se requiere que quien ostente esta calidad actúe de manera abusiva, con el objeto o el efecto de impedir que sus competidores se mantengan en el mercado o que nuevos actores puedan entrar a él.
Para controlar este fenómeno, la Ley ha previsto una lista taxativa de conductas que se consideran abusivas, cuando quien las realiza ejerce posición de dominio en el mercado relevante, a saber:

1.Precios predatorios (vender por debajo de los costos de producción promedio). 2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro de condiciones análogas. 3. Las ventas atadas, es decir la subordinacióndel suministro de un producto a la aceptación de obligaciones diferentes a las que constituyan la naturaleza del negocio. 4. La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro comprador con el propósito de restringir la competencia. 5. La venta o prestaciónde servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio diferente de aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corresponda a la estructura de costos de la transacción. 6. La Obstrucción del acceso a los canales de comercialización.

Probablemente, el elemento más problemático de estas conductas es la determinación del llamado “Mercado Relevante”, que no es nada distinto que el alcance de la conducta anticompetitiva objeto evaluación. Para determinar el mercado relevante, se tiene en cuenta el ámbito geográfico a través del cual se extiende la conducta, lo que suele llamarse mercado geográfico y, por otro lado, el mercado del producto o servicio, que se refiere a las calidades específicas que comparten los bienes o servicios que se ofrecen o demandan por quienes se ven comúnmente afectados por la conducta.
La dificultad para establecer si hay abuso de la posición dominante, siempre estará en que un mercado demasiado amplio podrá hacer ver una conducta anticompetitiva como insignificante ante su gran y un mercado demasiado estrecho, puede hacer parecer una conducta inofensiva, como una infracción atroz contra la libre competencia. De allí que las autoridades de competencia, afronten grandes retos en el momento de evaluar la magnitud y gravedad de este tipo de conductas.


Fuente, Reyes C, Julio 2016, Disponible en La República


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